Apuntes sobre el derecho de petición: Gerardo Saucedo M.

Compartimos la opinión de nuestro amigo Gerardo Saucedo M. respecto a los asuntos básicos sobre el Derecho de Petición.

Estimados lectores de Plataforma México:

Con el gusto de saludarlos y espero que sigamos unidos para que este proceso, en el que las cuestiones políticas generan incertidumbre, sea simplemente un cúmulo de opiniones de redes sociales y embates de volubilidad de algunos políticos, sin que generen mayores problemas a nuestra sociedad.

Al realizar lecturas y análisis a medios de comunicación y en charlas y platicas con otros profesionistas, familiares y amigos, me hacen un cuestionamiento relacionado con la capacidad de poder solicitar, datos, informes y presentar escritos a la autoridad, para que ésta nos aclare o exprese cual es su posición ante algún tema en particular.

Más que hacer un pronunciamiento particular sobre alguna petición de información, les comparto algunos argumentos para entender mejor el llamado: “Derecho de Petición”.

Todos los mexicanos, así como extranjeros que estén de forma definitiva o transitoria dentro del territorio de la República Mexicana, tenemos una serie de derechos, dentro del gran universo de privilegios y facultades con las que contamos todas las personas, a las que se les ha llamado: “Derechos Humanos”
Como parte de los Derechos Humanos, el derecho de petición se contempla dentro del artículo 8 (octavo) de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y básicamente es una facultad con la que contamos todas las personas para acceder a la autoridad (en cualquiera de sus niveles) y solicitarte que lleve a cabo alguna actividad, se pronuncie por alguna situación general o concreta o para solicitarle que nos declare o constituya un derecho o nos libere de alguna obligación ya sea de dar, hacer, no da o no hacer.
Previo al análisis del artículo octavo constitucional, vamos a citarlo para que tengan una mejor apreciación del mismo:
Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
De la lectura a este artículo, encontramos la primera obligación a los funcionarios y empleados del Gobierno, entiendo por estos no sólo a quienes son electos por voluntad del Pueblo, también a los que son designados por los primeros y a los que de una u otra forma, ejercen alguna actividad de imperio delegada por el Estado.
Se establecen condiciones para que esta petición pueda ser atendida y respetada, a saber:
a) Sea siempre por escrito (actualmente aplica a las cuestiones electrónicas)
b) Se exprese de forma pacífica, es decir, que no lleve formulas de conflicto, amenazas y atemorizar al funcionario o Institución a la que se dirija
c) Lleve un revestimiento de respeto, evitando agresiones ni ofensas o vejaciones a la autoridad.
Siguiendo con el primer párrafo del artículo 8 de nuestra carta Magna, encontramos la limitación a ese derecho y se establece que en cuestiones políticas, por ejemplo en tiempo de elecciones o en las que se relacionan la elección de candidatos, partidos políticos o las conexas, sólo los ciudadanos de la República podremos ejercer ese derecho. (En una próxima entrega, hablaremos de quienes son mexicanos y ciudadanos según la Constitución)

Una vez presentada la solicitud, se otorgará un acuse de recibo al ciudadano y la autoridad a la cual se dirigió deberá (obligación) emitir una resolución, respuesta o contestación a la cual se le llama “acuerdo” y éste debe estar indudablemente fundado, motivado y tener la forma escrita.
También, se debe hacer del conocimiento del peticionario la resolución, en lo que llaman “un breve tiempo” el cual no es determinado por la Constitución, sin embargo este plazo se sujeta a la materia de la petición, así como al tipo de autoridad de que se trate; un ejemplo radica en la materia fiscal, estableciéndose que la autoridad hacendaria tiene un plazo de tres meses para responder; las judiciales tienen platos específicos para resolver (3 días para acuerdos y 10 o 15 para sentencias interlocutoras o definitivas) y en las que no se tiene alguno, el llamado plazo razonable puede ir desde los cinco días hábiles.
No se exigen requisitos específicos para presentar las peticiones y como podemos observar, siempre que se cumpla con los requisitos que se han expuesto, el derecho de petición puede iniciarse por cualquier persona, tomando en cuenta la limitación del segundo párrafo, del artículo que hemos analizado.

Esperamos que esta aportación sea de utilidad y con todo gusto estoy a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración que estos apuntes pudieran generar.

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Gerardo Saucedo M.

Author: Gerardo Saucedo M.

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