La Ley General de Archivos consolidará el derecho al acceso a la información y la transparencia

La senadora Angélica Araujo Lara aseguró que con la Ley General de Archivos se garantizarán los principios y bases en la organización, conservación, disponibilidad, integridad, localización y difusión de los documentos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo del Estado mexicano.

Dijo que entre los beneficios de esta ley destaca: la implementación de más esquemas de transparencia y difusión de los archivos, al fomentar un mejor resguardo de la memoria institucional; es decir, a partir de la entrada de este ordenamiento legal, se generarán mayores y mejores condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la verdad y del derecho a la memoria.

También, agregó la legisladora por el estado de Yucatán, se promoverá el uso de las nuevas tecnologías de la información, con la finalidad de mejorar en las entidades del país la administración y disposición de los archivos.

Por ello, en la bancada del PRI estamos convencidos que la aprobación de esta ley se traducirá en mejores mecanismos de colaboración y coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, y la incorporación de buenas prácticas nacionales e internacionales en los trabajos de resguardo, del manejo, de la organización y de la conservación de nuestros archivos, consideró Araujo Lara.

En este contexto, señaló que con su publicación y entrada en vigor, cualquier mexicano, a través del sistema nacional de archivos, tendrá asegurado y garantizado el acceso a los documentos de mayor relevancia histórica, relevancia cultural, social, científica y técnica de nuestra nación.

Esto significa, explicó la senadora priista, que abonará a la consolidación de uno de los derechos más importantes, como es, el derecho al acceso a la información y a la transparencia.

Además, dotará a México de mejores esquemas de organización y administración de sus archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes del Estado mexicano, al igual que el de los órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral, y sindicatos que ejerzan cualquier tipo de recursos públicos o realicen actos de autoridad, continuó Angélica Araujo.

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Author: Plataforma México

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